Las reformas no son indiferentes al ciclo económico

Hermann González

La conducción económica de Chile ha sido considerada históricamente como ejemplo para otros países de la región y seguramente volverá a serlo en lo que respecta al proceso de reformas iniciado en marzo del año pasado. Nadie podría haber pensado exante que este proceso sería fácil, pero se han cometido errores relevantes que dejan de manifiesto una serie de lecciones tanto para futuras reformas en Chile, como para otros países que busquen iniciar un proceso similar. Hemos aprendido que es mejor debatir y escuchar que tratar de pasar la aplanadora; que procesos complejos necesitan ser discutidos con tiempo y sin urgencia; que las implementaciones deben ser graduales y tomando en cuenta las opiniones de los técnicos y de todos los sectores involucrados; que el orden de los proyectos no es inocuo: calidad y educación preescolar debió discutirse antes de (o al menos junto con) gratuidad universitaria; flexibilidad, capacitación y participación laboral, antes de poder sindical y así tantos otros ejemplos. Otra lección que aprendimos es que un proceso de reformas tan relevante no debe ser independiente de la fase del ciclo por la que atraviesa la economía. En efecto, implementar un proceso amplio como este, en circunstancias en que la economía está saliendo de un período de alto crecimiento tiene al menos dos riesgos: el primero es profundizar la desaceleración si el debate y la incertidumbre que se genera termina por contaminar la economía y, el segundo, es que las reformas pierdan apoyo ciudadano al ser señaladas como responsables de toda la desaceleración económica aunque sean solo parcialmente culpables de ella.

¿Es responsable el proceso de reformas llevado a cabo hasta ahora del bajo crecimiento? En parte sí, pero no es lo único. La persistente caída de la inversión tiene como principal responsable el fin del llamado súper ciclo del precio del cobre. Entre 2003 y 2010 la inversión minera pasó de representar 3% a 7% del PIB, coincidiendo exactamente con el período de altos precios del cobre, lo que deja de manifiesto que el boom minero puede considerarse mayoritariamente exógeno a las condiciones económicas y políticas internas y responde principalmente a las condiciones externas relevantes para el sector (precio del cobre, demanda de China y costos de financiamiento, entre otros). Sin embargo, en este mismo lapso y de manera casi inadvertida, la inversión no minera —más vinculada a las condiciones locales— retrocedió desde 18% a 16% del PIB, sin una crisis de confianza ni política de por medio. De alguna manera, obnubilados por el ciclo minero, de naturaleza netamente transitoria, no vimos lo que ocurría en el resto de la economía donde la inversión no crecía con igual intensidad. Finalizado el ciclo minero nos quedamos sin proyectos de inversión relevantes y con una baja productividad, lo cual se traduce al final de cuentas en una menor capacidad de crecimiento.

El año 2014 la inversión total cayó 6% y, según cifras preliminares del Banco Central, el grueso de esta caída se explicó por el retroceso de la inversión minera. Paralelamente el Instituto Emisor da cuenta en sus análisis que la discusión política contaminó la evolución económica especialmente en el segundo semestre del año pasado, lo cual significa que sin ese elemento, la caída de la inversión hubiese sido menor en hasta dos puntos porcentuales. Esto quiere decir que sin la discusión de las reformas, la inversión igual hubiese retrocedido, respondiendo al ciclo minero, pero que esta caída hubiese sido menos intensa y también lo hubiese sido la desaceleración del crecimiento económico.

Haber tomado en cuenta la fase cíclica en que se encontraba la economía, habría moderado la magnitud y el alcance de las reformas, hubiese generado un mayor debate en torno a ellas y, en consecuencia, habría reducido su impacto económico y dado una mayor legitimidad al proceso. Sin embargo, lo anterior pasa por reconocer la importancia del crecimiento económico para el éxito del proceso, algo que no ocurrió hasta ahora, 15 meses después de instalado el gobierno.